Es fundamental para darle un tratamiento a la problemática que se de un proceso de concientización de toda la sociedad a través de campañas educativas, para conocer como funcionan estas redes y diseñar estrategias de abordaje acordes con la problemática.
En relación a la corrupción lamentablemente muchas de las instituciones que están creadas para el cuidado de la ciudadanía, en algunas oportunidades abandonan su misión, realizando pactos macabros con las organizaciones que generan este tipo de delito en vez de combatirlo. Obviamente este funcional tiene una arista ética, moral y penal.
Cada año más de 700 mil personas en todo el mundo son víctimas de la trata. Existen muchas foras de explotación: sexual, laboral o mendicidad.
Nuestro país tendrá que prevenir, evitar, sancionar y reparar el delito de trata de niñas, adolescentes y mujeres. Lamentablemente, también en este problema el Estado aborda la realidad de manera desarticulada y con altos niveles de improvisación.
Si bien en los últimos años se ha comenzado a instalar la cuestión en la agenda publica del Estado nacional y de los gobiernos provinciales, así como también en los medio de comunicación, los esfuerzos por eliminar este grave delito que vulnera derechos humanos fundamentales son aun tenues, fragmentados, y no logran visualizar la complejidad de este flagelo.
La ley que se acoja a lo indicado, resulta insuficiente en comparación con los estándares internacionales, con materia de derechos humanos.
En cuanto a los medios de comisión delictual, la enumeración de la ley no incluye forma habituales de trata tales como el turismo sexual y el matrimonio servil y no existe un mapa de la realidad contra la violencia de las mujeres. Cualquiera puede ser víctima de este delito, considerado la nueva forma de esclavitud.
El delito de trata de personas ha crecido en La Argentina de manera sostenida en los últimos tiempos. Si el Estado no toma medidas implementando políticas para combatir este delito, la trata seguirá creciendo y las redes del crimen seguirán fortaleciéndose.
Actualmente la persecución penal del delito se ve dificultada por la inexistencia de una participación del Estado y los casos que llegan a la justicia son inferiores en relación con los que realmente ocurren. Si bien existen proyectos en marcha, este delito sigue sin resolverse y el gobierno actual se ha mostrado indiferente a la hora de concretar un plan nacional contra la lucha de la trata. Por esta razón, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, independientemente de su nacionalidad y su condición migratoria.
En nuestro país se tiene que investigar al respecto, tomar medidas para combatir el delito, proveer al país de un armazón legal que pueda penalizar este tipo de delitos, hacer campañas masivas para prevenir y dar apoyo a las víctimas. No existe voluntad política de dar difusión a la prevención mediante campañas o manifestaciones para poder ayudar a frenar la trata de personas en el país.
Según las estadísticas, las mujeres son las principales víctimas de la trata. Si bien el país ha registrado algunos avances, estos aún son insuficientes para lograr el objetivo de igualdad entre los sexos y el goce de los derechos humanos por parte de éstas.
Cada año miles de personas son trasladadas, privadas de su libertad y explotadas; bajo amenaza, son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, a mendigar o forzadas a engancharse en el circuito de la prostitución. Los mas vulnerables casi siempre son los niños y mujeres de sectores pobres que ingresan en el circuito de la trata a través de trampas, o acciones violentas como el rapto y el secuestro.
El abuso, la trata y el trafico de personas se ha convertido en un flagelo imparable: las crisis económicas y alimentarias son características aprovechadas por el crimen organizado trasnacional para montar una compleja trama delictiva que le prohíbe los derechos más elementales a un gran numero de seres humanos a lo largo de todo el mundo.
